La Oficina del Defensor ha iniciado las actuaciones ante los organismos correspondientes
- “El Titular de esta Institución se ha dirigido a la delegación del Gobierno en Andalucía, a la Viceconsejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio y al Ayuntamiento de Almuñécar exponiendo su seria preocupación por el hecho de las gestiones desarrolladas hasta ahora no hayan hecho posible alcanzar una respuesta consensuada ante sus demandas”, explica el Defensor del Ciudadano en una misiva
- “Damos las gracias al Defensor del Pueblo Andaluz por hacer suya nuestra reivindicación y por entender la necesidad urgente de medidas que permitan paralizar el deterioro de las viviendas, algunas de las cuales ya han sido desalojadas, y de la propia urbanización”
- El juzgado falló en noviembre de 2014 a favor de los vecinos de Cármenes del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la reparación de la urbanización y las sub-urbanizaciones interiores según su intervención en las mismas
Granada, 02 de noviembre de 2016.– El Defensor del Ciudadano Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada ha mostrado su “seria preocupación” por la falta de respuesta consensuada ente el problema que sufren los vecinos de la urbanización Cármenes del Mar. La Oficina del Defensor ha admitido a trámite la queja presentada por los vecinos y afirma que “se han iniciado las actuaciones ante los organismos correspondientes”.
“El Titular de esta Institución se ha dirigido a la delegación del Gobierno en Andalucía, a la Viceconsejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio y al Ayuntamiento de Almuñécar exponiendo su seria preocupación por el hecho de las gestiones desarrolladas hasta ahora no hayan hecho posible alcanzar una respuesta consensuada ante sus demandas”, explica el Defensor del Ciudadano en una misiva.
En ese sentido, la Oficina del Defensor se ha puesto a disposición de las tres administraciones al objeto de intentar facilitar un acuerdo entre las partes que permita dar una solución a las más de 400 familias de la urbanización. En todo caso, asegura el Defensor, su departamentoi no dejará de interesarse en que se haga un esfuerzo de todos para estabilizar los terrenos y evitar nuevos deslizamientos.
“Damos las gracias al Defensor del Pueblo Andaluz por hacer suya nuestra reivindicación y por entender la necesidad urgente de medidas que permitan paralizar el deterioro de las viviendas, algunas de las cuales ya han sido desalojadas, y de la propia urbanización”, ha explicado el portavoz vecinal Ricardo López.
La comunicación del Defensor llega semanas después de que el consejero de Justicia del Gobierno de Andalucía, Emilio de Llera, confirmase en el Parlamento que no va a dar cumplimiento al mandato de la propia Cámara, que aprobó en febrero una Proposición no de Ley para decrarar la emergencia en la urbanización Cármenes del Mar, donde hay 42 viviendas desalojadas y otro centenar en riesgo. De Llera no solo dijo que no cumplirá lo acordado, sino que comparó la declaración de emergencia solicitada desde el Parlamento para paliar la situación de más de 400 familias que corren el riesgo de perder sus casas, con las leyes independentistas aprobadas por el Parlamento de Cataluña.
El juzgado da la razón a los vecinos
El juzgado falló en noviembre de 2014 a favor de los vecinos de Cármenes del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la reparación de la urbanización y las sub-urbanizaciones interiores según su intervención en las mismas. De esta manera, decretaba que debían ser los propios demandados quienes deban correr a cargo de todos los costes de las obras, incluyéndose en estas no sólo los gastos derivados de honorarios profesionales de abogado y procurador, sino también todos aquellos derivados de informes periciales o cuales quiera otros requeridos por el proceso.
En estos momentos, las más de 400 familias perjudicadas por el escándalo de la Urbanización Cármenes del Mar de Almuñecar están pendientes de la decisión de la Fiscalía de Granada de proseguir o no las actuaciones frente a la familia Rodríguez-Acosta, administradores de la promotora Cerro Gordo. De su decisión dependerá que estas familias puedan utilizar para reparar los daños de las urbanizaciones las indemnizaciones que les corresponderían tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de noviembre de 2014 que dio la razón a los vecinos.
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