• La reunión mantenida con una delegación de los propietarios sirvió para el que subdelegado del Gobierno expresase su compromiso de reunir a todas las administraciones implicadas con el objetivo de diseñar una intervención inmediata centrada en cuestiones de seguridad y estabilización de la zona. El compromiso es que esa reunión se produzca antes de dos semanas y en ella se fijen de qué manera va a participar cada uno de los actores públicos y se establezca un calendario de actuaciones

• “El inicio del otoño y, por lo tanto, la llegada de las lluvias es para los vecinos un motivo de gran preocupación, puesto que el peligro para la seguridad de cientos de familias se agudiza”, ha explicado Ricardo López, uno de los portavoces de los afectados, que se ha mostrado satisfecho de la predisposición mostrada por la Subdelegación del Gobierno en Andalucía a la hora de poner en marcha medidas que permitan “que nuestras casas sobrevivan al otoño y al invierno”

Granada, 18 de septiembre de 2015.– La llamada de socorro realizada por los vecinos de Cármenes del Mar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía ha tenido sus frutos. El subdelegado del Gobierno en Andalucía, Santiago Pérez, se ha comprometido con los afectados a promover un compromiso de las tres administraciones (local, autonómica y central) para permitir que sus casas sobrevivan al invierno.

Fue durante la reunión mantenida con una delegación de los propietarios, que solicitaron al subdelegado del Gobierno un compromiso de reunir a todas las administraciones implicadas con el objetivo de diseñar una intervención inmediata centrada en cuestiones de seguridad y estabilización de la zona. El compromiso es que esa reunión se produzca antes de dos semanas y en ella se fijen de qué manera va a participar cada uno de los actores públicos y se establezca un calendario de actuaciones.

“El inicio del otoño y, por lo tanto, la llegada de las lluvias es para los vecinos un motivo de gran preocupación, puesto que el peligro para la seguridad de cientos de familias se agudiza”, ha explicado Ricardo López, uno de los portavoces de los afectados, que se ha mostrado satisfecho de la predisposición mostrada por la Subdelegación del Gobierno en Andalucía a la hora de poner en marcha medidas que permitan “que nuestras casas sobrevivan al otoño y al invierno”.

“El subdelegado ha mostrado una gran preocupación por la situación de las familias y en todo momento nos ha trasladado su disposición a liderar una búsqueda de soluciones entre todos”, ha insistido López.

La pasada semana, los vecinos de Cármenes del Mar enviaron sendas solicitudes tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España para que trabajen conjuntamente en la ejecución de las medidas cautelares decretadas hace meses por el Juzgado de Instrucción número 12 de Granada con el fin de evitar que sus casas sigan derrumbándose.

Entre otras cuestiones, los vecinos piden una reunión urgente con ambos y solicitan su intervención con el objetivo de evitar “situaciones irreparables” dada la situación de emergencia en la que se encuentra la zona residencial. Además, instaban a que se subsanen los graves defectos constructivos y se lleve a cabo la necesaria rehabilitación de la urbanización y sus suburbanizaciones y una intervención urgente para evitar nuevos deslizamientos de tierra. Asimismo, insistían en la necesidad de adoptar medidas para garantizar la habitabilidad de la urbanización.

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada aceptó antes de verano el aval presentado por los vecinos de Cármenes del Mar, en Almuñécar, como caución suficiente a fin de que se ejecuten las medidas cautelares que había decretado la propia titular del juzgado el pasado verano. El objetivo de dichas medidas, que tendrán un coste aproximado de 4,5 millones de euros, no es otro que asegurar la zona en la que se encuentran las viviendas, con el objetivo de que no continúen deteriorándose.

Este mismo juzgado falló el pasado noviembre a favor de los vecinos de Cármenes del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la reparación de la urbanización y las sub-urbanizaciones interiores según su intervención en las mismas. De esta manera, decretaba que debían ser los propios demandados quienes deban correr a cargo de todos los costes de las obras, incluyéndose en estas no sólo los gastos derivados de honorarios profesionales de abogado y procurador, sino también todos aquellos derivados de informes periciales o cuales quiera otros requeridos por el proceso.

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