• El grupo parlamentario Popular Andaluz pide declarar esta emergencia de interes general de Andalucía conforme al artículo 16.2 de la ley 2/2002 de noviembre de gestión de emergencias en Andalucía

• Insta al consejo de gobierno ejecutar las medidas necesarias para eliminar el riesgo en Carmenes del Mar, mientras se concluyen los pleitos iniciados y evitar el deslizamiento de las viviendas

• Los propietarios de Cármenes del Mar solicitan que todos los partidos se unan y apoyen esta proposición, y reclaman la urgente actuación de la Administración Autonómica y Local para continuar las obras de estabilización de ladera iniciadas en el año 2006 y reparar los daños causados en la urbanización

• Las acciones judiciales han señalado como responsables a los demandados y acordado que la administración debe realizar dichas obras en ejecución subsidiaria

Granada, 16 de diciembre de 2015.– El Grupo Popular en el Parlamento Andaluz ha presentado una proposición no de ley (PNL) por la que reclama a la Junta que ejecute sus competencias y acometa de manera urgente un plan de intervención ante los deslizamientos de las urbanizaciones de Cármenes del Mar, en Almuñecar.

Según la iniciativa, en dicho plan de garantía de intervención inmediata se contempla la declaración de emergencia de interes general de Andalucía conforme al artículo 16.2 de la ley 2/2002 de noviembre de gestión de emergencias en Andalucía, y solicita ejecutar las medidas necesarias para eliminar el riesgo en Carmenes del Mar mientras se concluyen los pleitos iniciados con el objetivo de evitar u continúe el deslizamiento de las viviendas.

En la propuesta no de ley se incide en que, hasta la fecha, los promotores de estas urbanizaciones, condenados por la justicia, no han iniciado ninguno de los trabajos de reparación que se les ha requerido, sino que, al contrario, se han declarado en insolvencia presentando concurso voluntario de acreedores. Además, el texto de los populares recuerda que no existe seguro sobre la construcción.

Actualmente se han desalojado ya 17 viviendas y es previsible que este número se amplíe en breve, llegando a tener que desalojar toda la urbanización en un corto plazo si el otoño mantiene el ritmo de precipitaciones. El resultado sería que más de 415 familias se quedarían sin posibilidad de entrar en sus viviendas.

“Los propietarios de Cármenes del Mar pedimos que se unan todos los partidos en el Parlamento Andaluz, como ya ocurrio en el pleno extraordinario en 2014 en Almuñecar, y apoyen esta proposición que permita continuar las obras de estabilización de ladera iniciadas en el año 2006, y reparar los daños causados en la urbanización” ha indicado un portavoz vecinal, Ignacio Martín.

“Ahora estamos en unas fechas en las que todos los partidos buscan el apoyo de los ciudadanos, nosotros, como ciudadanos, hemos buscado el apoyo de los partidos desde hace ya muchos años y esperamos que sea en la casa de todos los andaluces donde finalmente se consiga en unos días. No hay mejor campaña que solucionar los problemas de los ciudadanos, que tomen nota”, ha insistido Ignacio Martín.

El juzgado da la razón a los vecinos

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada aceptó antes de verano el aval presentado por los vecinos de Cármenes del Mar, en Almuñécar, como caución suficiente a fin de que se ejecuten las medidas cautelares que había decretado la propia titular del juzgado el pasado verano. El objetivo de dichas medidas, que tendrán un coste aproximado de 4,5 millones de euros, no es otro que asegurar la zona en la que se encuentran las viviendas, con el objetivo de que no continúen deteriorándose.

Este mismo juzgado falló el pasado noviembre a favor de los vecinos de Cármenes del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la reparación de la urbanización y las sub-urbanizaciones interiores según su intervención en las mismas. De esta manera, decretaba que debían ser los propios demandados quienes deban correr a cargo de todos los costes de las obras, incluyéndose en estas no sólo los gastos derivados de honorarios profesionales de abogado y procurador, sino también todos aquellos derivados de informes periciales o cuales quiera otros requeridos por el proceso.