- Cinco años de espera para obtener la prestación que, por derecho, les corresponde
- “Le hice prometerme que, si yo me quedaba por el camino (si moría), continuaría con el proceso incluso en Europa hasta que mis derechos me fueran reconocidos”
Madrid, 11 junio de 2021. En España, según las últimas cifras del 2020 proporcionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 948.917 personas tienen reconocida una pensión por incapacidad permanente. Sin embargo, las cifras anteriores a la pandemia revelaban que más del 95% de solicitudes para este tipo de prestaciones eran rechazadas en la vía administrativa. En la actualidad, los datos y previsiones son todavía más demoledores, según los expertos de Fidelitis.
Asimismo, la gran mayoría no obtienen el grado de incapacidad que realmente le corresponde hasta varios años después de comenzar el proceso, algo que desespera a muchos y que, en gran medida, les hace tirar la toalla antes de tiempo.
Pilar Ruiz, Presidenta de la Asociacion de Cáncer Gástrico y Gastrectomizados, pensó en renunciar a su pensión absoluta en varias ocasiones. Desde su despacho de abogados, Fidelitis, nos cuentan que llevan “casi cinco años peleando por su caso”.
Todo comenzó cuando, por su cuenta, solicitó la incapacidad permanente y, en su lugar, le dieron la total. Esta es aquella que reconoce la falta de capacidad de la paciente para su trabajo habitual (estilista en su caso), cuando, en realidad, las secuelas de su cáncer de estómago y posterior gastrectomía (extirpación del estómago) le incapacitaban para cualquier trabajo. Es decir, le correspondía “de forma clara”, tal y como afirman los expertos, una incapacidad absoluta.
Se puso entonces en manos de un abogado que no era especialista en la materia y que perdió el caso en primera instancia de la vía judicial. A partir de ahí, lo que ha vivido es un “auténtico calvario”. Así narra Pilar su historia con un dolor desgarrador, que pertenece también a muchos ciudadanos de nuestro país:
“Casi cuatro años con unos ingresos de 500 euros, separada, con una niña menor de edad y sin poder trabajar en nada por mis secuelas, con la ayuda de mi madre para poder sobrevivir, malvendiendo mi coche y un largo etc. Todo ello acompañado de ingresos periódicos en el hospital, anemia y desnutrición, neumonía, mareos y desvanecimientos por las bajadas de azúcar, defensas muy bajas, y otras secuelas vinculadas al Síndrome de Dumping severo que me produjo la gastrectomía”.
Sin embargo, Pilar comienza a ver la luz al final del túnel la semana pasada, cuando desde Fidelitis le comunican la resolución favorable de incapacidad permanente absoluta.
Hasta el momento, libro autobiográfico y guía para pacientes gastrectomizados de por medio, Pilar ha hecho todo lo posible para que sus derechos y los de otros pacientes sean reconocidos, fundando incluso la asociación que preside y a la que le ha conseguido dar visibilidad internacional, haciéndola formar parte de la prestigiosa organización europea DICE (Digestive Cancer Europe).
El presidente de Fidelitis, Lorenzo Pérez, comenta: «Desde que conocí a Pilar supe que era una luchadora y cuando exploré su caso en profundidad le dije que se había cometido una injusticia, pero que no se preocupara porque antes o después íbamos a conseguir que se reconocieran sus derechos».
Y es que la mayor parte de los procedimientos que se pierden en la vía administrativa no se reclaman (más del 70% según las últimas estimaciones) por varios motivos, pero principalmente por desconocimiento de los derechos que se tienen. “Otros de los motivos son que muchos creen que para conseguirlos hay que recurrir a abogados que cobran honorarios por adelantado y sin garantías de éxito y, por otro lado, el sistema está montado para que los procesos se alarguen muchas veces, como el caso que nos ocupa, y la gente pierde la esperanza y desiste”, explica Lorenzo.
Pilar Ruiz nos comenta al respecto: «Estuve a punto de tirar la toalla en, al menos, un par de ocasiones, pero Lorenzo me animó a seguir. De hecho, le hice prometerme que, si yo me quedaba por el camino (si moría), continuaría con el proceso incluso en Europa hasta que mis derechos me fueran reconocidos».
Ahora Pilar continúa con otra lucha: que la Administración reconozca la cantidad que le corresponde por tener una incapacidad absoluta desde el comienzo del procedimiento, y no desde el día que recibió la carta que enviaron por correo el día 26 de mayo. “Con ese dinero yo haría frente a los pagos derivados de tener que vivir con la cantidad de 500€ durante seis años porque me concedieron una incapacidad total estando ya en una situación en la que los médicos me tenían inhabilitada para trabajar debido a mi estado de salud y a la medicación tan fuerte que tomaba, ya en ese momento a nivel paliativo. Y esto fue cuando empezó el procedimiento, pero ha ido aumentando durante todos estos años, tal y como consta en los informes. Motivo por el cual quedé en situación de riesgo de exclusión social” sentencia Pilar.
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